Noticia del Portal Udelar
Los desafíos para garantizar el derecho a la educación en contextos de privación de libertad, la continuidad de las trayectorias educativas y el papel de la investigación en el diseño de políticas públicas fueron los principales ejes de la mesa de apertura del IX Encuentro Internacional de Tesistas e Investigadores en Temáticas de Cárceles y Educación (EITICE), que se realizó el 22 y 23 de octubre en el Campus Universitario Luisi Janicki de la Universidad de la República (Udelar).
La apertura contó con la participación del prorrector de Investigación de la Udelar, Pablo Martinis; la directora del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), Ana Juanche; el director nacional de Educación, Gabriel Quirici; y Carolina Pallas, integrante del Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP).
El encuentro constituyó un espacio de intercambio académico impulsado por universidades y redes de investigación de América Latina. En esta edición, además de los laboratorios de investigación y los talleres de sistematización de experiencias, se desarrolló el IV Encuentro Latinoamericano de Estudiantes Universitarios en Contexto de Encierro, dedicado a intercambiar experiencias sobre el acceso y la continuidad de los estudios superiores.
El primero en tomar la palabra fue el prorrector, quien destacó el orgullo de la Udelar por recibir el encuentro. Martinis planteó la necesidad de reivindicar el potencial de la educación en las cárceles en un contexto regional en el que se consolidan discursos punitivistas que presentan el castigo como principal respuesta a los conflictos sociales. Asimismo, señaló que la expansión de los sistemas penales convive con el desarrollo de propuestas educativas y culturales en las cárceles. Frente a esa realidad, consideró fundamental fortalecer la educación como herramienta para ampliar y garantizar los derechos humanos.
En Uruguay, sostuvo, existe un trabajo conjunto entre el sistema educativo público y el INR para mejorar las oportunidades de acceso a la educación, pese a las limitaciones estructurales y presupuestales. En ese marco, ubicó la educación en contextos de encierro dentro de la política de la Udelar orientada a democratizar el acceso, la permanencia y el egreso de la enseñanza superior.
«El derecho a la universidad es un derecho que es de cada quién, pero además es un derecho de los pueblos. Y vaya si nuestras instituciones de privación de libertad están colmadas de pueblo», afirmó. Desde esa perspectiva, planteó que la universidad debe revisar su oferta y sus condiciones de funcionamiento para responder a las necesidades de quienes estudian durante la privación de libertad. También destacó que la Udelar y el INR trabajan en la renovación del convenio marco que vincula a ambas instituciones desde hace diez años.
Además, el prorrector valoró el papel de la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay (FEUU) en el impulso de esta agenda y señaló que el trabajo educativo en contextos de encierro ocupa un lugar central en sus lineamientos programáticos.
Investigar las trayectorias y revisar las prácticas
A partir de los trabajos presentados en el encuentro, Martinis identificó cinco ejes relevantes para la agenda de investigación: la producción de conocimiento sobre educación en cárceles; el estudio de las trayectorias educativas antes, durante y después del encarcelamiento; las tensiones entre las propuestas pedagógicas y las lógicas de seguridad y control; la centralidad de las prácticas artísticas, literarias y de la palabra en los procesos de subjetivación; y la incorporación de las perspectivas de género y juventudes.
El prorrector también advirtió que las instituciones universitarias deben revisar críticamente sus propias contradicciones, en lugar de atribuir todos los problemas a los sistemas penitenciarios. «No tenemos ningún lugar prístino y transparente, tenemos nuestras propias contradicciones, tenemos nuestros propios conflictos y hay siempre proyectos en disputa también en la universidad», sostuvo.
En ese sentido, retomó una idea de Paulo Freire para cuestionar las perspectivas que sitúan a la educación como una forma de redención individual: «Nadie salva a nadie. Nos liberamos en conjunto».
El desafío de ampliar y democratizar el acceso
Por su parte, Juanche destacó la diversidad de investigaciones y experiencias que confluyen en el EITICE y señaló que las políticas educativas dirigidas a personas privadas de libertad deben considerar las múltiples vulnerabilidades sociales que atraviesan esta población. Asimismo, la jerarca consideró que la gran cantidad de tesistas y grupos que aportan a la discusión habla «de lo fermental que es el núcleo para pensar, para desarrollar respuestas a un tema que además está atravesado por otras múltiples complejidades».
La directora del INR sostuvo que la situación penitenciaria constituye uno de los grandes desafíos sociales y de derechos humanos del país. Por ello, valoró el trabajo entre organismos públicos como una vía para construir respuestas integrales y sostenidas.
También advirtió que ampliar la cobertura educativa no basta para garantizar el derecho a la educación, sino que las propuestas deben ser accesibles, adaptables y asequibles, y contemplar las características de quienes las cursan. En ese sentido, destacó la sistematización de experiencias y la producción de evidencia como insumos para diseñar y mejorar las políticas públicas, al que definió como un «semillero de ideas».
Juanche indicó que en 2019, cuando se realizó el primer EITICE en Uruguay, había 62 estudiantes universitarios en el sistema penitenciario. Para esta novena edición, la cifra ascendía a 306, a los que se sumaban otras 87 personas vinculadas a esas trayectorias que ya habían recuperado la libertad. Estos avances, señaló, acompañan el fortalecimiento de la educación secundaria y la articulación entre las modalidades formal y no formal. Sin embargo, persisten importantes dificultades para garantizar la continuidad educativa.
«La educación es un derecho claro, que abre puertas hacia el acceso a todo el conjunto de derechos humanos, como un constructo integral, interdependiente, indivisible. Es importante reconocerlo, pero también qué importante poder trascender también esa dimensión instrumental de la educación como derecho», afirmó Juanche.
La jerarca mencionó los resultados del segundo Censo Nacional de Personas Privadas de Libertad, presentado recientemente: el 50% de esta población abandonó su trayectoria educativa antes de los 15 años y tres de cada cuatro personas no superaron el ciclo básico de educación secundaria. Asimismo, señaló que alrededor del 53% presenta analfabetismo absoluto o funcional.
Ante este panorama, destacó el trabajo con la ANEP para ampliar los ciclos educativos y las oportunidades de culminación de estudios, así como la articulación con el Ministerio de Educación y Cultura (MEC) para impulsar una campaña nacional de alfabetización en cárceles.
Juanche sostuvo que la educación no debe reducirse a una herramienta para obtener beneficios vinculados a la pena o acceder a la libertad anticipada, sino que debe preservar su dimensión pedagógica y emancipadora. «Las personas privadas de libertad son sujetos de derechos y la educación es una herramienta liberadora», afirmó.
Alfabetización y políticas públicas
Quirici coincidió en que la situación educativa de la población encarcelada constituye una deuda pendiente para Uruguay y consideró que el país atraviesa un momento relevante para avanzar en su abordaje. Asimismo, vinculó la expansión de la población penitenciaria con el desarrollo de políticas punitivas y señaló que persiste una contradicción entre los avances del país en materia de derechos y las dificultades para garantizarlos en las cárceles.
«Un país como Uruguay, que somos hartos defensores y con mucho orgullo lo comentamos siempre de tener un sistema de educación público, gratuito y laico; contar con un porcentaje tan alto de compatriotas con analfabetismo funcional en el sistema penitenciario nos habla de una deuda muy grande», expresó.
En ese marco, el director nacional de Educación destacó que la campaña de alfabetización en cárceles es una prioridad del gobierno nacional y valoró la incorporación del sistema de formación penitenciaria al Sistema Nacional de Educación. Según explicó, este cambio permite abordar la educación en las cárceles desde una perspectiva que trasciende la mirada estrictamente policial y la integra a las políticas educativas.
Quirici señaló que estas transformaciones son resultado de un proceso de acumulación de trabajo entre equipos e instituciones. A su entender, el EITICE puede contribuir a ese proceso mediante la generación de evidencia, estrategias e indicadores que orienten las políticas públicas.
Frente a los discursos que ofrecen soluciones simples a problemas complejos, reivindicó la construcción colectiva de respuestas sustentadas en la investigación y en la experiencia de quienes trabajan en el territorio. También destacó la importancia de que las autoridades sean receptivas a esos aportes, y celebró que haya «más gente investigando y trabajando esto» así como que «haya un gobierno que se comprometa a tenerlo como parte de su agenda en clave interinstitucional y con una pata educativa».
Formación y cooperación entre instituciones
Pallas, integrante del Consejo Directivo Central de la ANEP, destacó la formación permanente y la producción de conocimiento como herramientas para revisar las prácticas educativas y mejorar las políticas públicas. En ese sentido, valoró los aportes de tesistas e investigadores y la sistematización de experiencias como oportunidades para reconocer dificultades y aprender del trabajo de otros equipos. «El encuentro con el otro nos enriquece», sostuvo.
La jerarca informó que la ANEP conformó una comisión para fortalecer la articulación entre sus distintos subsistemas educativos. También destacó la reactivación de la diplomatura en educación en contextos de encierro, impulsada mediante el trabajo conjunto entre la ANEP, la Udelar y la Universidad Tecnológica del Uruguay (UTEC), con participación de otros organismos.
Asimismo, señaló que se trabaja en un convenio con el INR para fortalecer la formación de quienes desempeñan tareas en las cárceles. Estas iniciativas, junto con la campaña de alfabetización y las acciones para ampliar las oportunidades de culminación de ciclos, forman parte de los esfuerzos para garantizar la continuidad educativa.
Pallas enfatizó que el derecho a la educación debe ser efectivo para todas las personas por ser «una demanda ética». «Aunque no existieran las leyes, aunque no existiera la normativa, no deja de ser un derecho por ser personas», afirmó la jerarca y agregó que garantizarlo constituye una responsabilidad del Estado, de las autoridades y de la ciudadanía, por considerar que «tiene que ver con la justicia social».
