«La creación de una institución universitaria de educación es un hecho de la mayor relevancia en el acontecer nacional», declaró este martes 07 el Consejo Directivo Central. La declaración fue aprobada por unanimidad y expresa que «la oportunidad es propicia para dar un salto de calidad en la formación de los docentes, construyendo un dispositivo institucional verdaderamente transformador». Lea el texto completo.
Una pieza esencial para el desarrollo integral del país
«La formación de docentes de todos los niveles de la enseñanza es una variable estratégica en la búsqueda de la excelencia del sistema educativo nacional y por lo tanto, una pieza esencial para el desarrollo integral del país. El nivel educativo de la población es determinante para la calidad de la democracia, la integración y convivencia social, el desarrollo económico y la preservación del medio ambiente. La formación y el desempeño de maestros y profesores delinean las fronteras alcanzables de ese nivel educativo.
El tema adquiere especial interés en la coyuntura, en virtud de los pronunciamientos de distintos actores institucionales y políticos referidos a la creación de una Universidad de la Educación.
La creación de una institución universitaria de educación es un hecho de la mayor relevancia en el acontecer nacional. La oportunidad es propicia para dar un salto de calidad en la formación de los docentes, construyendo un dispositivo institucional verdaderamente transformador. Si los esfuerzos en curso se redujeran a un cambio inercial o menor, el país desperdiciaría una estupenda oportunidad. Para evitar que esto ocurra, es preciso integrar todos los valiosos recursos existentes, tanto dentro del sistema tradicional de formación docente como fuera de él, atendiendo a la escala del país, a la dotación de recursos humanos calificados y a la existencia de conocimientos y trayectorias diversas que, conjugadas, son capaces de enriquecer cualquier proyecto innovador. En síntesis, encarar las transformaciones desde una perspectiva de sistema y no exclusivamente contemplando a los distintos componentes de manera aislada.
La Universidad de la República se ha expresado al respecto en reiteradas ocasiones y mantiene su plena disposición a colaborar desde sus acumulaciones y experiencia en la creación de una institución genuinamente universitaria, autónoma y cogobernada, que desarrolle sus funciones de acuerdo a elevados estándares académicos y profesionales. En ese empeño no pretende asumir ningún rol hegemónico, ni aspira a protagonismo alguno. Procura en cambio cumplir en toda su extensión con la normativa constitucional y legal vigente y con sus responsabilidades con la sociedad a la que pertenece, como institución estatal de larga tradición en la formación de personas en el nivel educativo terciario y parte constituyente del Sistema Nacional de Educación Pública.
Por ello entiende que la diversificación institucional de la educación terciaria pública debe estar enmarcada en las prescripciones vigentes para el Sistema Nacional de Educación Terciaria Pública. Tal como lo prevé el artículo 83 de la Ley General de Educación, este debe constituirse como un sistema integrado dentro del cual se puedan elegir varios trayectos y requiere de la articulación de los esfuerzos de las instituciones públicas, para -entre otros cometidos- «…contribuir a la dignificación de la profesión docente, así como a la formación de nivel universitario…». En consonancia con ello, el artículo 47 de la misma norma demanda que los Consejos Directivos de los distintos organismos de la educación pública deben coordinar sus acciones para cumplir con sus cometidos constitucionales y legales. La Comisión Coordinadora del Sistema Nacional de Educación Pública constituye el ámbito interinstitucional idóneo y previsto por la Ley (artículo 50, 106 y posteriores), para coordinar los esfuerzos y acciones entre el Ministerio de Educación y Cultura, la Administración Nacional de Educación Pública, la Universidad Tecnológica y la Universidad de la República, que tiendan a la creación y desarrollo de una nueva institucionalidad universitaria en el país.
Si bien nuestro país no ha logrado consolidar aún un sistema de enseñanza terciaria pública que funcione como tal, existen valiosos antecedentes de coordinación y de trabajo conjunto, particularmente entre la ANEP y la Udelar. Estos antecedentes incluyen la integración de múltiples comisiones y equipos de trabajo, la generación de líneas de acción conjuntas y la puesta en práctica de carreras tecnológicas, de grado y de posgrado. Su construcción se basó en el respeto y el reconocimiento de diferentes fuentes de saber, así como también de las diversas tradiciones institucionales y educativas. Particularmente, la formación docente de maestros y profesores tiene una rica tradición en nuestro país tanto en materia de formación didáctico-pedagógica como disciplinaria, en tanto que la Udelar cultiva varias de las disciplinas clave para la formación de los docentes y realiza investigación sobre ellas. Por otra parte, indaga académicamente sobre los fenómenos de la enseñanza y del aprendizaje desde varios ángulos, desde las ciencias de la educación propiamente dichas hasta las ciencias sociales, la psicología y las ciencias cognitivas.
Por tanto, argumentos de mérito, prescripciones legales y buenos antecedentes de colaboración se enlazan para abonar por la conjunción de esfuerzos institucionales hacia una institución universitaria de educación.
Convendría que estos esfuerzos se refirieran a dos momentos diferenciables:
a. El proceso de análisis, propuesta e intercambio para la construcción de la nueva institución; y
b. Algunos dispositivos efectivos que la Ley de creación debería contemplar para facilitar la coordinación inter-institucional, una vez que la nueva institución se halle en funcionamiento. Entre ellos:
* Titulaciones conjuntas (carreras compartidas de grado y posgrado);
* Carreras docentes conectadas (intercambio de docentes, dedicaciones totales compartidas, grupos de investigación multi-institucionales, etc.);
* Amplia movilidad estudiantil (libre circulación de estudiantes entre las distintas instituciones, basada en un sistema común de créditos y un régimen de asignaturas electivas); y
* Descentralización y regionalización universitaria (fortalecimiento de la política ya iniciada, con radicación de sedes conjuntas y colaboración a escala regional de todas las instituciones)».